18 Mar TIEMPOS Y TIEMPO DE DIOS (129). EL ECOCIDIO, UN CRIMEN CONTRA EL PLANETA QUE TODAVÍA QUEDA IMPUNE
Por Oscar Martín, sj
Ecocidio ha surgido con fuerza en el debate ambiental global. El concepto busca describir la destrucción masiva de ecosistemas y la alteración irreversible del equilibrio ambiental. Cabe decir que actualmente ecocidio se ha convertido en un concepto muy importante en la lucha por la justicia ambiental.
Surgió en la década de los 1970, cuando el abogado y activista estadounidense Arthur Galston lo utilizó para describir los efectos devastadores del agente naranja, un químico utilizado por Estados Unidos en la Guerra de Vietnam. Este herbicida destruyó inmensas extensiones de selva y contaminó suelos y fuentes de agua, causando impactos gravísimos en la biodiversidad y la salud humana.
Posteriormente, en 1972, el primer ministro sueco Olof Palme usó el término en la Conferencia de la ONU sobre el Medio Humano, en Estocolmo. A partir de entonces, ecocidio ha seguido evolucionando vinculado siempre a la idea de que ciertos actos de degradación ambiental deben ser juzgados casi con la misma severidad que el genocidio o los crímenes de guerra.
En los años 90, fue importante la propuesta del abogado escocés Polly Higgins para que el ecocidio se incluyera en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI), junto con crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio. Higgins señaló que los actos de destrucción ambiental masiva deben ser considerados crímenes de derecho internacional. Esto no prosperó, pero a partir de ese momento el concepto de ecocidio ganó más fuerza, impulsado por movimientos ambientalistas y otras organizaciones que buscan incluirlo en tratados internacionales.
A pesar de los avances y que varios países lo han promovido, las principales dificultades para su aceptación legal son la resistencia de las grandes potencias económicas, empresas transnacionales y países con economías basadas en la explotación de recursos naturales. El ecocidio es una amenaza para sus negocios. Y, sobre todo, para sus modelos de producción extractivistas. Paraguay entra de pleno en este “rubro”.
Es importante conocer que entre las empresas más responsables de la emisión de gases de efecto invernadero y derrames petroleros destacan Exxon Mobil, Shell y BP. Cargill es una de las principales responsables de deforestar la Amazonía para expandir la producción de soja y ganadería. Por otro lado, Monsanto (hoy parte de Bayer) es una de las campeonas en contaminación de suelos y fuentes de agua con agrotóxicos como el glifosato. Coca-Cola y Nestlé se destacan y ha sido denunciadas por la explotación desmedida de recursos hídricos y la contaminación plástica a nivel global.
Si el ecocidio fuera reconocido como un crimen internacional, permitiría juzgar a estas y otras muchas empresas y a gobiernos responsables de daños ambientales irreversibles. Se facilitaría enormemente la protección de ecosistemas fundamentales para la humanidad como la Amazonía, los arrecifes de coral, los humedales, los glaciares o los bosques boreales. Sería un instrumento eficaz para frenar la impunidad ambiental reinante, al establecer penas para quienes destruyen el planeta deliberadamente por pura ambición.
Paraguay participa plenamente de esta realidad derivada principalmente de la sojización del país, la deforestación y el uso indiscriminado de agrotóxicos. Desde 1950, el país ha perdido más del 80% de sus bosques en la región oriental. Ahora le tocó al Chaco, una de las regiones con mayor biodiversidad del mundo. Sus tasas de deforestación alcanzan 250.000 hectáreas por año. Empresas vinculadas a la agroindustria, tanto nacionales como extranjeras, son las principales responsables de la degradación ambiental sin que existan mecanismos efectivos de control y sanción. Casos como el de Paraguay muestran cómo la falta de regulación permite la devastación ambiental a gran escala, poniendo en grave riesgo nuestro futuro.
El reconocimiento del ecocidio como un crimen internacional podría significar un punto y aparte en la lucha contra la destrucción ambiental. Pero mientras esto no suceda, no podemos quedarnos quietos porque el ecocidio no es solo un concepto legal en debate, sino una realidad que afecta a millones de personas y amenaza la vida en la Tierra. Luchar por su reconocimiento y aplicación efectiva es un paso firme para frenar la impunidad ambiental tanto en Paraguay como en otros muchos países y garantizar un futuro más esperanzador en el presente y para las futuras generaciones. El ecocidio es un crimen contra todos: alzar la voz es defender la vida.