TIEMPOS Y TIEMPO DE DIOS (157): CUANDO LOS POBRES PAGAN LA TORMENTA

Oscar Martín, sj

Las hemos vivido recientemente en muchas zonas del país y en varios países de América Latina: después del temporal de viento, lluvia y granizo aparecen las imágenes de casas inundadas, techos destruidos, autos destrozados, electrodomésticos perdidos, familias sacando barro de sus hogares… Durante unos días, los medios de comunicación y los organismos del Estado hablan de emergencia. En Paraguay, en el mejor de los casos aparecen algunas chapas, colchones, alimentos y promesas. Después, para algunos, la vida continúa. Para otros, esta comienza nuevamente desde cero.

Y es que, aunque parezca obvio, hay que decirlo: una misma tormenta, en un mismo lugar, no cae de la misma manera sobre todos sus habitantes. La lluvia, el amandau, el viento puede ser el mismo, pero sus consecuencias dependen enormemente de la zona donde vivimos, de la calidad de nuestra vivienda, de si tenemos ahorros o seguro o posibilidades de dejar de trabajar unos días. Una persona con recursos pierde parte de su tejado o su auto, pero puede reponerlo. Una familia pobre puede perder en una noche lo que tardó años de su vida en conseguir. No hay comparación posible.

Y eso tiene un nombre: se llama injusticia climática. No significa que los pobres sean los responsables del cambio climático. Más bien sucede lo contrario: quienes menos han deteriorado la naturaleza y quienes menos han participado de los beneficios del modelo económico son, la mayoría de las veces, quienes más sufren sus consecuencias.

En Paraguay esta injusticia es escandalosamente visible. Durante décadas, enormes superficies de bosques y territorios indígenas y campesinos se han convertido en zonas de producción de soja, carne y otros bienes destinados al mercado internacional. Esa economía ciertamente ha generado enorme riqueza. La cuestión es para cuántos y a qué costo.

Además, buena parte de quienes fueron y siguen siendo despojados y desplazados del campo se han instalado en las periferias de nuestras ciudades, que no dejan de crecer. Y lo hacen en bañados, loteamientos y asentamientos ubicados en zonas bajas, cercanas al río o a cauces fácilmente desbordables, sin drenaje ni infraestructura adecuada.

Lo que quiero señalar es que no todas las vulnerabilidades son naturales. Muchas fueron construidas lentamente por simple ambición, corrupción, decisiones económicas, políticas y territoriales que benefician a minorías. Se construyen cuando unos acumulan tierra mientras otros son expulsados; cuando las ciudades crecen sin planificación y a base de especulación; cuando sabemos que ciertas familias volverán a inundarse con la próxima tormenta y, aun así, no se ofrece ninguna solución. Y es que acá hay algo difícil de ocultar: no es casualidad que casi siempre se inunden los mismos.

Esta repetición revela una lógica más profunda: los beneficios del modelo quedan concentrados en pocas manos, mientras que sus costos ambientales y sociales terminan distribuidos entre muchos. Nuestro modelo agroexportador privatiza las ganancias y socializa los daños.

Cuestionar esta lógica no significa culpabilizar al productor ni demonizar la agricultura extensiva o la ganadería. Sí el modo en que esas actividades están planteadas en Paraguay. Ninguna actividad económica puede considerarse verdaderamente exitosa si sus ganancias dependen de trasladar sus costos a otros o de arrasar con la naturaleza.

El cambio climático pone de manifiesto algo que claramente tiende a ocultarse: que no todos producimos el problema en la misma medida y tampoco todos pagamos el mismo precio. Por eso, la cuestión climática es fundamentalmente una cuestión de justicia. Paraguay tiene un modelo productivo que es una auténtica fábrica de vulnerabilidad y pobreza, que pone en grave riesgo la supervivencia, no ya de las futuras generaciones, sino de las actuales.

Pero también podemos construir otra realidad. Podemos organizarnos para proteger bosques y humedales, para ordenar el territorio, evitar nuevos desalojos, planificar mejor nuestras ciudades y orientar la economía hacia un desarrollo que no condene siempre a los mismos a vivir en las zonas más vulnerables. No estamos obligados a repetir indefinidamente la misma historia: también podemos empezar a cambiarla.

Por eso no podemos seguir llamando progreso a un modelo en el que algunos cosechan los beneficios mientras los pobres terminan pagando la tormenta. El verdadero progreso tendrá que medirse por su capacidad de proteger la vida, distribuir con mayor justicia sus frutos y lograr que no sean siempre los mismos quienes queden del lado más vulnerable.